Mujeres Juezas exigen proteger a las personas vulnerables frente a desahucios

Nuestro país no afronta solo una grave crisis de vivienda; estamos ante una auténtica debacle de principios y derechos básicos que erosiona valores esenciales como la humanidad, la dignidad y la decencia. Expresión de ello es el vergonzoso desahucio de Maricarmen, del que toda la sociedad ha sido testigo y del que seremos cómplices si guardamos silencio.

Una mujer de 87 años, con discapacidad, ha sido expulsada de la casa en la que ha residido durante los últimos 71 años. Se ha hecho por la fuerza, en ejecución de una resolución judicial y con la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, para garantizar otro derecho que se ha considerado prevalente: el de una empresa a gestionar y rentabilizar su patrimonio, aun cuando ello suponga un impacto devastador sobre una persona en situación de extrema vulnerabilidad.

Hoy hemos visto con toda su crudeza lo que sucede cuando olvidamos que la vivienda es un derecho fundamental para el desarrollo de una vida digna y que los poderes públicos están llamados a proteger a la ciudadanía, especialmente a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Pero también hemos comprobado las consecuencias de aplicar las normas de forma descontextualizada, prescindiendo de una interpretación conforme a los derechos humanos y de la obligación de juzgar con perspectiva de género. Porque la justicia no puede ser neutral ante la desigualdad, la edad, la discapacidad o las situaciones de exclusión social.

Juzgar con perspectiva de género y desde un enfoque de derechos humanos no es una opción ideológica: es una exigencia inherente a un Estado de Derecho comprometido con la igualdad real y efectiva y con la protección de la dignidad de todas las personas.

Urge asumir responsabilidades por parte de toda la sociedad, que ha dedicado más tiempo a hablar de ocupaciones que a reivindicar el derecho a una vivienda digna para todos. Urge aprobar normas que impidan que personas como Maricarmen puedan ser desahuciadas de forma cruel y desproporcionada. Y urge también que todas las instituciones, incluidos los tribunales, incorporen de manera efectiva la perspectiva de género y los estándares de derechos humanos en la toma de decisiones que afectan a las personas más vulnerables.

Como personas de bien, debemos alzar la voz y decir basta a una deriva que se está llevando por delante los mínimos de la decencia humana. Una sociedad se mide por cómo trata a quienes más necesitan protección. Y hoy, lamentablemente, no hemos estado a la altura.

Sigue nuestras noticias