Desahucios en Málaga: las historias que no cuentan las estadísticas

Entre enero y marzo de 2026 se practicaron 94 desahucios judiciales en la provincia de Málaga, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Son 94 viviendas de las que sus ocupantes fueron desalojados mediante un procedimiento judicial.

Pero una estadística no cuenta lo que sucede dentro de cada vivienda. No dice cuántas personas vivían en ella, si había menores, personas mayores o dependientes, cuánto tiempo llevaban allí ni qué ocurrió después. Paradojicamnente son "legales" pero todas luces injustos. Porque cada caso es diferente y nmo se puede medir a todos por el mismo rasero.

El problema es cuando todo este engranaje está deshumanizado, porque pone al dinero por encima de las personas siendo indiferente al dolor y suifrimiento que ocasiona. En estos tiempos cambiantes y acelerados tambien estamos en el momento de "humanizar" todos los aspectos de la vida, de poner al ser humano y su bienestar como objetivos a lograr socialmente, no solo para unos pocos. El desahucio ayer de Maricarmen es un  caso escandaloso de falta de empatía y valores por parte de los ejecutores que están ampardos por la ley, pero no por la justicia y protegidos por un sistema violento cuyo maximo valor es el dinero y su metodo la violencia de todo tipo.

Vamos a relatar brevemente las historias detras de estos desalojos, algunos de los casos que han trascendido a los medios informativos que son pequeños retazos de una realidad mucho más amplia. 

Uno de los episodios más numerosos fue el de las 62 familias de Manilva, desalojadas el 24 de marzo. El procedimiento afectó a cerca de 400 personas incluidos niños de hogares que llevaban años residiendo en esas viviendas. Entre las personas afectadas personas con situaciones de especial vulnerabilidad.

Algunas de las familias decidieron contar públicamente su situación y reclamar una solución antes del desalojo. Sus testimonios mostraron que para muchas de ellas aquellas viviendas no eran un alojamiento provisional, sino el lugar donde habían construido su vida.

En Alameda, otro caso puso el foco sobre Fran Custodio, un hombre de 64 años con una enfermedad degenerativa y una discapacidad reconocida del 93 %. Su vivienda estaba amenazada por un procedimiento promovido por Robusto Capital debido a una deuda heredada. La situación provocó una movilización vecinal y finalmente el pueblo consiguió reunir alrededor de 40.000 euros para intentar evitar que perdiera su casa. En febrero, la amenaza de desahucio había conseguido detenerse.

Su historia muestra también una diferencia importante: no todas las personas que aparecen en las noticias por un desahucio terminan siendo desalojadas. Algunas consiguen aplazarlo, suspenderlo o encontrar una solución.

Fue lo que ocurrió en Málaga capital con Almudena y su familia. Almudena llevaba viviendo desde 2003 en una vivienda protegida municipal junto a su marido, su hijo y temporalmente su nieta. El marido padece esquizofrenia. El desahucio estaba previsto para el 17 de marzo, pero finalmente fue suspendido después de que Almudena firmara un compromiso para abandonar posteriormente la vivienda, mientras anunciaba que continuaría reclamando su derecho a subrogarse en el contrato.

También durante esos meses se hizo visible la situación de las familias de Avenida de Europa 15, en Huelin. En el edificio, varias familias llevaban décadas habitando sus viviendas y algunas incluso pertenecían a generaciones diferentes de una misma familia. La compra de buena parte del inmueble por una nueva propiedad abrió un conflicto por la continuidad de los alquileres y generó temor a futuras expulsiones. En marzo, las familias se movilizaron para defender su permanencia.

Estos últimos casos no deben sumarse a los 94 como si fueran lanzamientos ejecutados. Son ejemplos de personas que estuvieron o están en riesgo de perder su vivienda y que hicieron pública su situación.

Es el caso de Tita Mari, una vecina de Málaga de 65 años que vivía con su hijo dependiente, de 45. Su desahucio, aplazado en varias ocasiones, finalmente se ejecutó el 10 de abril de 2026, después de una concentración de vecinos y colectivos que intentaron impedirlo. Tita Mari había reclamado una alternativa y explicaba que percibía unos 730 euros mensuales y que quería poder pagar un alquiler social.

El 27 de julio Mariló de 62 años y Javier de 63 fueron desahuciados, en la calle La Unión, tras un primer intento aplazado en junio. Ambos son pensionistas con grados de dependencia reconocidos y llevaban más de diez años en el piso

Tita Mari no forma parte de los lanzamientos del primer trimestre, porque su desalojo se produjo en abril. Pero su historia ayuda a entender que la estadística trimestral no es un punto final: los procedimientos pueden prolongarse durante meses, acumular aplazamientos y terminar afectando a personas cuya situación ya era conocida públicamente.

Por eso, hablar de 94 lanzamientos en Málaga entre enero y marzo significa hablar de 94 historias diferentes y personas que han intentado encontrar una solución antes de llegar al momento del desalojo.

Algunas han logrado difusión, otras han quedado fuera de las cámaras y de los periódicos.

Humanizar los datos, no significa publicar los nombres de los afectados, ni exponer su intimidad. Significa ser conscientes de que cada lanzamiento es único y contiene una historia que es mucho mas que una cifra, es una intencion, un sueño, un futuro, el de un ser humano como tu y como yo, que habitamos tiempos revueltos.

Los 94 lanzamientos de la provincia de Málaga durante el primer trimestre de 2026 son, por tanto, una cifra. Las vidas que hay detrás de ella son imposibles de contabilizar porque afectan a unidades familiares.

La movilización social y la solidaridad también forma parte de la historia

Las estadísticas no recogen las situaciones en las que una vivienda consigue conservarse gracias a la movilización social, la solidaridad vecinal y la organización colectiva.

En Málaga, organizaciones como el Sindicato de Inquilinas de Málaga, la PAH, Un Techo por Derecho y Málaga Para Vivir han participado en la defensa de personas amenazadas con perder su hogar. Concentraciones, acciones ante los juzgados, negociaciones con propietarios, asesoramiento y búsqueda de alternativas forman parte de una respuesta colectiva que no aparece en los datos oficiales. Todas estas acciones son pacificas y noviolentas. Y en muchos casos eficaces.

En algunos casos, estas movilizaciones han permitido ganar tiempo, suspender un desalojo, abrir una negociación o encontrar una alternativa habitacional. Son situaciones que pueden cambiar el desenlace de un procedimiento, pero que no quedan reflejadas en las cifras del CGPJ.

Los desahucios de Málaga y provincia durante el primer trimestre de 2026 son solo una cifra. Las vidas que hay detrás son mucho mas. También forman parte de esta historia las viviendas que se lograron conservar gracias a la solidaridad y al activismo de quienes acompañaron a las personas que estuvieron a punto de perderlas.

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