Maricarmen, desahuciada a los 87 años tras 71 años en su vivienda y un gran apoyo vecinal

Maricarmen, una mujer de 87 años con un 50% de discapacidad, ha sido finalmente desahuciada este miércoles de su vivienda en Madrid,  en la que llevaba 71 años viviendo, en el número 46 de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el distrito de Retiro.

El lanzamiento se ha ejecutado después de varios intentos anteriores y pese a la movilización de vecinos, activistas y miembros del Sindicato de Inquilinas, que habían pasado la noche frente al edificio para tratar de impedir que la mujer perdiera su casa.

El desahucio se produjo después de un importante despliegue policial. Desde primera hora de la mañana, la Policía Nacional acordonó los alrededores del inmueble y comenzó a desalojar a las personas concentradas en el exterior. Posteriormente, los agentes retiraron también a quienes permanecían en el portal y en las escaleras del edificio, donde habían organizado una resistencia pacífica para tratar de retrasar el lanzamiento.

Según RTVE, algunos manifestantes denunciaron una actuación policial desproporcionada. La Policía llegó a utilizar un ariete para acceder al portal, cuya puerta había quedado bloqueada desde dentro, y posteriormente entró en la vivienda de Maricarmen, situada en un sexto piso cuyo ascensor no funcionaba.

La comisión judicial llegó al inmueble alrededor de las 9:15 horas. Durante la mañana se sucedieron los momentos de tensión entre los agentes y los activistas que trataban de evitar el desalojo. Finalmente, Maricarmen tuvo que abandonar su vivienda en camilla y fue trasladada en ambulancia, mientras las personas concentradas coreaban mensajes de apoyo como «Maricarmen no estás sola».

De 500 a 2.650 euros de alquiler

El origen del conflicto se encuentra en la adquisición de la vivienda por parte de  Urbagestión Desarrollo e Inversión, empresa que, según las informaciones publicadas, planteó elevar el alquiler que Maricarmen venía pagando de unos 500 euros mensuales hasta 2.650 euros. La mujer, que  cuenta con una pension de unos 1.300 euros con los que ha estado pagando siempre su alquiler, pero no puede soportar esa subida y se enfrentaba así a la pérdida de la vivienda en la que había residido durante más de siete décadas, desde 1956

La defensa de Maricarmen ha asegurado que durante los últimos días se intentaron diferentes vías para evitar el desahucio. Entre ellas se encontraba la renegociación del contrato y la posibilidad de que una tercera persona asumiera la diferencia entre el alquiler que podía pagar la anciana y la cantidad exigida por la propiedad.

La propuesta llegó incluso de una escritora que decidió permanecer en el anonimato. La mujer ofreció aportar 2.150 euros mensuales para que Maricarmen pudiera continuar pagando los 500 euros que abonaba hasta entonces y alcanzar así los 2.650 euros reclamados por la propiedad. Sin embargo, según el Sindicato de Inquilinas y la defensa, la oferta no consiguió frenar el lanzamiento.

Sin alternativa habitacional

La situación de Maricarmen se agravó porque, según las informaciones difundidas este miércoles, tampoco disponía de una alternativa habitacional conocida en el momento de ejecutarse el desahucio. Su abogada, Beatriz Duro, ha explicado que se solicitaron distintas opciones para evitar el lanzamiento, incluida una suspensión por razones humanitarias, un margen de tiempo para que las administraciones pudieran buscar una solución y unas horas para recoger las pertenencias de la vivienda. La propiedad habría rechazado estas alternativas.

El caso ha movilizado durante los últimos días a numerosos vecinos y organizaciones sociales. El Sindicato de Inquilinas mantuvo una acampada frente al edificio durante la noche del martes al miércoles, mientras cientos de personas acudían a la calle Alcalde Sáinz de Baranda para intentar impedir el desalojo. También se sumaron al apoyo a Maricarmen personas vinculadas al mundo de la cultura.

El desahucio ha vuelto a situar en el centro del debate la situación de las personas mayores que viven de alquiler y la transformación de viviendas adquiridas por inversores. En el caso de Maricarmen, la vivienda no era solamente su residencia: era el domicilio en el que había vivido desde hacía 71 años.

Tras la ejecución del lanzamiento, queda por resolver dónde residirá la mujer y qué ocurrirá con sus pertenencias. El caso, que durante semanas había sido seguido por colectivos vecinales y organizaciones en defensa del derecho a la vivienda, culminó este miércoles con la salida de Maricarmen en camilla de la que había sido su casa durante más de siete décadas.

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