Desahucian a Rosa y su hija de una vivienda pública en Málaga


El desahucio de Rosa y su hija se ha llevado a cabo este miércoles 4 de noviembre en una vivienda pública situada en el barrio de La Trinidad, en Málaga. El desalojo ha terminado con momentos de gran tensión y un amplio despliegue policial.
Rosa, de 48 años, atraviesa problemas de salud mental y residía en el inmueble junto a su hija. La mujer había estado al cuidado de la persona que tenía adjudicada la vivienda, un hombre mayor que falleció. Según la información difundida por la plataforma Un Techo por Derecho en Instagram, Rosa continuó abonando los pagos correspondientes al inmueble después del fallecimiento, aunque no figuraba como titular del contrato ni tenía la adjudicación administrativa a su nombre.
Durante el operativo, Rosa se ha rociado con gasolina y ha amenazado con quemarse. Finalmente, ha sido detenida junto a su sobrino, de 16 años, por resistirse a abandonar la vivienda. Los hechos reflejan la extrema tensión vivida durante el lanzamiento y la situación de vulnerabilidad que rodea este caso.


Una vivienda pública y una petición de subrogación
La vivienda, situada en el número 79 de la calle Trinidad, forma parte del parque público y, según la información trasladada por Un Techo por Derecho, pertenece a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y está gestionada por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) de Málaga.
La plataforma había reclamado que se reconociera la subrogación de Rosa en el inmueble, al considerar que existían circunstancias que justificaban una solución que permitiera a la familia continuar residiendo en él. Entre los argumentos expuestos figuraban el tiempo que llevaba viviendo en la casa, los cuidados prestados a la anterior persona adjudicataria y el abono de los pagos de la vivienda.
La organización también había advertido de que Rosa y su hija podían quedarse sin hogar si se ejecutaba el desahucio sin que las administraciones ofrecieran una alternativa residencial. Por ello, pidió a AVRA y al IMV que paralizaran el lanzamiento y buscaran una solución habitacional estable.
Las administraciones, en el centro de las reivindicaciones
En su llamamiento previo, Un Techo por Derecho cuestionó que una vivienda pública pudiera acabar con el desalojo de una familia vulnerable sin una respuesta habitacional que evitara su desprotección. La entidad defendió que el parque público debe cumplir una función social y que las instituciones responsables de su titularidad y gestión tienen que atender también las circunstancias personales y sociales de quienes residen en estos inmuebles.
Bajo el lema «¡Paremos el desahucio de Rosa! ¡Subrogación ya!», el colectivo había convocado una movilización para intentar impedir el lanzamiento y reclamar una salida negociada.
Sin embargo, la petición no ha evitado que el desahucio se materializara este miércoles. El caso vuelve a poner sobre la mesa la situación de las personas vulnerables ante los procedimientos de recuperación de viviendas públicas y la necesidad de que las administraciones articulen respuestas que tengan en cuenta las circunstancias familiares, económicas y sociales.
Tras el operativo, queda por aclarar cuál será la situación residencial de Rosa y su hija y si las administraciones implicadas han ofrecido alguna alternativa habitacional. Una cuestión especialmente relevante ante la situación de vulnerabilidad de la familia y las circunstancias en las que se ha desarrollado el desalojo.
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