Exclusión de familias adjudicatarias de las VPO de alquiler

Los afectados, que han constituido una plataforma, denuncian que la mayoría de los adjudicatarios titulares han sido rechazados tras recibir una vivienda concreta asignada y reclaman la paralización de las adjudicaciones

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, explicaciones urgentes ante la exclusión de numerosas familias que habían resultado seleccionadas para acceder a las viviendas protegidas de alquiler, desarrolladas por Lagoom Living, en el entorno de la Universidad. La viceportavoz socialista, Mari Carmen Martín, ha acompañado a la recién constituida Plataforma de Familias Afectadas VPO Málaga para denunciar que estas familias recibieron una comunicación con una vivienda concreta asignada, incluyendo calle, piso, puerta y trastero, para posteriormente ser rechazadas por motivos económicos. “A la mayoría de la gente que ha salido seleccionada para adjudicación de una vivienda, casi el 100% primero se le ha dado la vivienda y luego se le ha notificado la denegación”, ha señalado Martín, quien ha lamentado la incertidumbre generada entre familias que llevaban años esperando una oportunidad para acceder a una vivienda protegida.

La edil socialista ha recordado que el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) realizó el sorteo y trasladó posteriormente los listados de titulares y suplentes a Lagoom Living, promotora encargada de continuar con las adjudicaciones. Martín ha denunciado que el gobierno municipal no puede desentenderse de lo ocurrido, puesto que las promociones se desarrollan sobre terrenos municipales y cuentan con financiación pública. “No debemos olvidar que estas son viviendas públicas que se hacen con fondos públicos y en suelo público y el Ayuntamiento no puede mirar para otro lado y decir que las familias afectadas se dirijan a Lagoom Living a reclamarle”, ha manifestado, recordando que el Consistorio aprobó las condiciones y cedió el uso del suelo para estas promociones.

En este sentido, Martín ha reclamado al gobierno de De la Torre que aclare qué está ocurriendo en la promoción R-15 y que garantice la transparencia también en los procedimientos correspondientes a otras promociones de Lagoom Living. La viceportavoz ha exigido que se analicen individualmente las solicitudes de las familias inicialmente seleccionadas y de quienes integraban las listas de suplentes, especialmente ante las denuncias sobre posibles errores en el cómputo de los ingresos familiares y la utilización de datos económicos que no reflejan la situación actual de los solicitantes. “El Ayuntamiento de Málaga tiene la responsabilidad para vigilar todo el proceso de adjudicación de estas viviendas para que sea lo más transparente posible”, ha insistido.

Asimismo, la responsable socialista ha exigido una reunión urgente entre el Ayuntamiento, la promotora y las familias afectadas, además de la revisión de las exclusiones y de los mecanismos de reclamación disponibles. “Que se revisen todos los expedientes” y que exista “máxima transparencia”, ha reclamado Martín, que ha señalado directamente al alcalde por su falta de respuesta ante este conflicto. “Paco de la Torre es responsable porque el suelo es público, hay fondos públicos de diferentes administraciones, él es el alcalde de Málaga”, ha afirmado, añadiendo que “él no puede estar solo para ponerse en la foto” cuando se anuncian nuevas promociones de vivienda protegida.

La plataforma denuncia exclusiones generalizadas y falta de garantías para reclamar

Por su parte, la portavoz de la Plataforma de Familias Afectadas VPO Málaga, Laura García, ha relatado el proceso que han vivido las familias desde que recibieron la comunicación de asignación de sus viviendas. Según ha explicado, tras el sorteo del IMV recibieron un correo de Sogeviso, empresa contratada por Lagoom Living para gestionar las adjudicaciones, con todos los datos del inmueble y las cantidades previstas del alquiler. “Se le ha asignado tal vivienda, bloque tal, número tal, parking tal, todos los datos. Se pagará 503 euros de alquiler más 100 euros de comunidad. Y a partir de ahí empieza el calvario”, ha relatado García, quien ha denunciado que posteriormente tuvieron que presentar en apenas diez días una extensa documentación económica, incluyendo declaraciones de la renta, certificados bancarios e información detallada sobre sus deudas.

La representante de los afectados ha calificado este procedimiento como “un calvario, una odisea, peor que si estuviéramos pidiendo una hipoteca”, al tiempo que ha denunciado que la inmensa mayoría de los solicitantes de los que la plataforma ha recopilado información han terminado excluidos. Según sus datos provisionales, pendientes de comprobación, el porcentaje de denegaciones superaría el 90% de los expedientes examinados. García ha lamentado especialmente que las familias no hayan recibido explicaciones individualizadas ni indicaciones claras para recurrir las decisiones. “Nos lo deniegan a través de un correo electrónico y te ponen que ha sido denegada por requisitos económicos. Punto. No ponen nada más, ni permiten reclamar la decisión”, ha denunciado.

García ha cuestionado también los criterios utilizados para evaluar la capacidad económica de los solicitantes, que, según denuncia la plataforma, no reflejan adecuadamente sus ingresos actuales. Los afectados reclaman que se compruebe su situación real y se revisen los posibles errores en la valoración de las unidades familiares. “Que se nos revise la situación económica actual. Y no las casillitas 460 ni 435, porque esa casilla no da la información real de nuestros ingresos netos”, ha reclamado la portavoz, quien ha puesto de manifiesto la contradicción que supone que familias que ya afrontan alquileres muy superiores en el mercado privado no puedan acceder a viviendas protegidas de alrededor de 600 euros mensuales. “Nosotros podemos pagar este alquiler, igual que estamos pagando 1.000 euros, 1.200 euros en el mercado privado”, ha asegurado.

Finalmente, la plataforma ha exigido la paralización inmediata de las adjudicaciones de las viviendas afectadas hasta que se revisen las exclusiones, evitando que se asignen definitivamente a otros solicitantes sin resolver previamente las reclamaciones. “Lo que pedimos desde aquí es que estos expedientes de todos nosotros se paralicen inmediatamente y no se les otorgue a las personas que están detrás de nosotros”, ha reclamado García, quien ha apelado directamente al alcalde y al responsable municipal de Vivienda, Francisco Javier Pomares, para que intervengan. “Mucha promoción, mucha VPO, ¿para quién son esas VPO?”, ha cuestionado la portavoz, insistiendo en que las familias únicamente reclaman que se revisen sus circunstancias económicas y se respete su oportunidad de acceder a una vivienda protegida.

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