El Gobierno salva el decreto que frena los desahucios de familias vulnerables

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves, 12 de noviembre, el Real Decreto-ley 29/2026, que mantiene hasta el 31 de diciembre de 2030 la protección frente a los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad que carezcan de una alternativa habitacional.

La decisión permite mantener en vigor una de las principales medidas del denominado escudo social en materia de vivienda, junto a otras disposiciones destinadas a proteger a los inquilinos y frenar determinadas prácticas especulativas en el mercado inmobiliario.

La norma ha salido adelante pese al voto contrario del Partido Popular, Vox y Junts, gracias al respaldo del PSOE, el Frente Amplio y los grupos parlamentarios de ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG. La votación se ha producido en la Diputación Permanente, el órgano que mantiene las funciones parlamentarias durante la disolución de las Cortes, y en el que el bloque favorable al decreto contaba con una mayoría de un solo voto.

El resultado contrasta con el rechazo que había sufrido anteriormente una iniciativa similar en el Congreso. La convalidación llega, además, después de la huelga general por la vivienda celebrada el 11 de noviembre, que volvió a situar la emergencia habitacional en el centro del debate político y social.

Una protección condicionada frente a los desahucios

El artículo 2 del Real Decreto-ley establece la suspensión de los procedimientos de desahucio de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta finales de 2030. La protección alcanza incluso a procedimientos en los que ya exista una resolución judicial o se haya acordado el lanzamiento, siempre que este no se haya ejecutado.

El texto contempla una protección específica cuando la parte demandante sea una entidad dedicada a adquirir inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados en condiciones vinculadas a la obtención de rentabilidad especulativa. Para otros procedimientos se establece un régimen de suspensión sujeto a revisión judicial y a determinadas condiciones.

No se trata, por tanto, de una prohibición general de todos los desahucios. La medida exige acreditar la vulnerabilidad y la falta de alternativa habitacional, y contempla excepciones. Entre ellas, cuando el propietario particular sea titular de dos viviendas o menos o cuando el tribunal aprecie que también se encuentra en situación de vulnerabilidad.

El decreto incorpora, además, una figura de enervación extraordinaria para determinados procedimientos por impago. Cuando la Administración no consiga proporcionar una alternativa residencial, deberá asumir el pago de las cantidades adeudadas y las costas procesales en los supuestos previstos legalmente. Si transcurren dos meses sin que se ofrezca alojamiento ni se realice el pago o consignación correspondiente, la Administración queda subrogada en la posición deudora y no podrá ejecutarse el lanzamiento mientras persista la situación protegida.

Prórrogas de alquiler y control de los precios

Entre las medidas que también continúan vigentes figura la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de vivienda habitual cuyo vencimiento se produzca antes del 31 de diciembre de 2028. La ampliación debe solicitarla el inquilino y se realiza por anualidades, manteniendo las condiciones del contrato, con las excepciones previstas en la norma.

Asimismo, se mantienen limitaciones a las actualizaciones de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027: no podrán aplicarse incrementos cuando el alquiler ya supere el índice de referencia establecido por el Ministerio de Vivienda.

El decreto establece también restricciones, hasta finales de 2030, a determinadas adquisiciones de viviendas por parte de grandes tenedores y entidades dedicadas a comprar inmuebles o créditos hipotecarios por debajo de su valor de mercado. En concreto, limita las operaciones por debajo del 70% del valor de tasación, con excepciones para determinados destinos sociales y de vivienda asequible.

Más garantías para los alquileres de habitaciones y temporada

Otra de las novedades es la incorporación del alquiler de habitaciones a la regulación de los arrendamientos de vivienda habitual. La reforma pretende impedir que esta modalidad se utilice para eludir las garantías de los contratos residenciales.

Los alquileres temporales deberán justificar documentalmente la causa del desplazamiento del inquilino. Si no existe una razón real y acreditable, el contrato podrá considerarse de vivienda habitual, con las protecciones correspondientes.

La convalidación del decreto no ha supuesto, sin embargo, la aprobación de todas las medidas planteadas por el Gobierno. La Diputación Permanente ha rechazado el segundo decreto, que pretendía establecer la renovación indefinida de los contratos de alquiler salvo determinadas excepciones. El voto contrario del PNV, junto al de PP, Vox y Junts, impidió su continuidad.

La decisión parlamentaria mantiene así una parte importante de las medidas de protección residencial, aunque deja fuera una de las propuestas de mayor alcance sobre la estabilidad de los contratos. La emergencia habitacional sigue siendo, por tanto, uno de los principales desafíos sociales y políticos.

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