Redacción
La organización pide a las Administraciones que fomenten esta pedagogía para aumentar la percepción del riesgo de la población ante los incendios, que serán cada vez más comunes por el cambio climático
Si no se reducen las emisiones y el uso de combustibles fósiles y no se adoptan medidas eficaces, los incendios extremos seguirán aumentando de aquí a finales de siglo
La prevención y la autoprotección implican una responsabilidad compartida entre administraciones públicas, propietario/as y ciudadanía
Madrid, 13 de julio de 2026.- La tragedia del incendio forestal de Los Gallardos (Almería) muestra una realidad que va a ser cada vez más habitual en España: incendios extremos que suponen una amenaza creciente para personas, viviendas, infraestructuras y ecosistemas. Ante esta situación, no basta solo con disponer de operativos de extinción cada vez más preparados y eficaces, sino que es imprescindible prevenir, anticiparse a las emergencias, cumplir la planificación obligatoria, gestionar el territorio y preparar a la población.
El cambio climático está generando condiciones cada vez más favorables para la propagación de incendios de alta intensidad. Un territorio más caliente, más seco y más inflamable, unido al abandono rural, al incremento de la superficie forestal y a la creciente presencia de viviendas y población en contacto con espacios forestales, está aumentando la exposición y vulnerabilidad de la sociedad. En este 2026, los incendios se han cobrado la vida de 16 personas: 13 en el más reciente de Los Gallardos y otras tres víctimas mortales en los fuegos de Soportújar (Granada), el 17 de junio; de Cenlle (Ourense), el 25 de febrero; y de Escorca (Baleares), el 24 de febrero.
La evidencia científica apunta, de forma sistemática, que, si no se reducen las emisiones y el uso de combustibles fósiles y no se adoptan medidas eficaces de prevención y adaptación, los incendios extremos seguirán aumentando a escala global. Naciones Unidas advierte de incrementos estimados del 14% en 2030, del 30% en 2050 y de hasta el 50% a finales de siglo.
La Ley de Montes y la Directriz básica de protección civil establece obligaciones de planes preventivos y de emergencia local en las zonas de riesgo de incendio forestal. Greenpeace lleva años reclamando el cumplimiento de dicha planificación, así como su implantación y comunicación a la población. En 2018, el informe Protege el bosque, protege tu casa denunció que el 80% de los municipios situados en Zonas de Alto Riesgo (ZAR) no contaba con planes locales de emergencia. Una comunidad que conoce el riesgo sabe cómo actuar y adopta medidas preventivas, es más segura, facilita las labores de extinción y contribuye a proteger el territorio, algo especialmente relevante cuando el 95% de los incendios tiene origen humano.
La actualización realizada en 2023 constató avances, pero también importantes diferencias entre comunidades autónomas y carencias en el cumplimiento efectivo de la planificación. España mantiene así una brecha entre el creciente riesgo de incendios forestales y la preparación del territorio y de la sociedad para afrontarlo. Hay más planes sí, pero no basta solo con aprobarlos, sino que deben implementarse, actualizarse y estar disponibles.
Sin recursos, no hay responsabilidad
La prevención y la autoprotección implican una responsabilidad compartida entre administraciones públicas, propietario/as y ciudadanía. Pero no puede exigirse responsabilidad a municipios rurales sin proporcionar información, formación, acompañamiento y recursos suficientes para ejercerla. Los pequeños municipios necesitan financiación y asistencia técnica para elaborar, actualizar e implantar sus planes preventivos y de emergencia local. La población necesita información y formación para conocer el riesgo y adoptar medidas de autoprotección. Los propietarios forestales necesitan apoyo para gestionar sus terrenos y reducir su vulnerabilidad.
El informe de Greenpeace sobre el medio rural 2020 "Proteger el medio rural es protegernos del fuego" recuerda que la resiliencia de las comunidades depende de los recursos económicos, físicos, humanos, naturales y sociales de los que disponen para anticiparse y responder ante las emergencias. Sin recursos no hay prevención efectiva. Sin conocimiento, no hay autoprotección. Y sin una sociedad preparada, los planes se quedan sobre el papel.
Los incendios forestales se previenen mucho antes de que comiencen. Se previenen cuando se gestiona el territorio, cuando se cumplen los planes, cuando se dota de recursos a las administraciones responsables y cuando la población conoce el riesgo y sabe cómo prevenir y actuar.
"Los incendios forestales están cambiando y nuestra forma de prepararnos frente a ellos también tiene que cambiar. No podemos esperar a que lleguen las llamas para descubrir si los planes funcionan o si la población sabe cómo actuar. Necesitamos cumplir la planificación, dotarla de recursos y trasladarla a la sociedad. Proteger el bosque es proteger nuestras casas, nuestros pueblos y nuestras vidas. Ante un riesgo creciente por el cambio climático, necesitamos más cultura forestal, más cultural del riesgo y una sociedad preparada", afirma Mónica Parrilla de Diego, ingeniera forestal y responsable de la campaña de incendios de Greenpeace.
“Somos un país forestal, el 55% del territorio es forestal. El cambio climático está incrementando las condiciones favorables para incendios más intensos y peligrosos, necesitamos pasar de una cultura centrada casi exclusivamente en apagar el fuego a una verdadera cultura forestal y cultura del riesgo. Cumplir los planes es imprescindible, pero también lo es sacarlos de los despachos, dotarlos de recursos y trasladarlos a la sociedad mediante información, formación, participación y simulacros. Sin conocimiento no hay autoprotección, y sin recursos no puede exigirse responsabilidad”, añade Parrilla de Diego.
Vivir, trabajar o desarrollar una actividad en el medio natural implica conocer y asumir el riesgo de incendio forestal. Aunque se reduzca el número de incendios provocados por causas humanas, el riesgo cero no existe: siempre habrá incendios de origen natural, como los causados por rayos, cuya incidencia aumentará con el cambio climático por el incremento de tormentas eléctricas. Hay que prepararse.
Los servicios de emergencia y protección civil alertan con frecuencia de la escasa participación en charlas y actividades formativas y del desconocimiento de medidas básicas que pueden resultar decisivas durante un incendio. De manera que las Administraciones tienen que fomentar esa cultura para aumentar la percepción del riesgo de la población y, a su vez, la población debe asumir su responsabilidad de forma activa.
Demandas para pasar de la emergencia a la prevención y cultura del riesgo
Al Gobierno central
Pacto de Estado frente a la emergencia climática y los incendios forestales que tenga financiación estable, respaldo científico y capacidad para transformar el territorio y hacerlo más resiliente.
Promover una estrategia integral de prevención de incendios centrada en las causas de ignición. Recuperar campañas públicas de sensibilización y educación ambiental ambiciosas en el contexto actual de cambio climático y abandono del medio rural
Impulsar una cultura forestal y una cultura del riesgo que permitan comprender el funcionamiento de los incendios, la necesidad de gestionar el territorio y la importancia de la prevención y la autoprotección.
Reforzar la gestión forestal y la dinamización del medio rural, reduciendo la vulnerabilidad del territorio frente a incendios cada vez más intensos. Para ello, se hace urgente destinar 1.000 millones de euros anuales a la gestión forestal para prevenir el riesgo de propagación de incendios forestales. En 2025, se estima que los costes de extinción rondarán entre 3.548 y 6.741 millones de euros.
A las CCAA
Seguimiento del cumplimiento de los planes de prevención, emergencia y autoprotección frente a incendios forestales en las zonas de riesgo. Cartografiar dichas zonas.
Evaluar el grado de implantación de la planificación, mediante información homogénea, accesible y actualizada.
Dotar de financiación, asistencia técnica y recursos humanos a los municipios, especialmente a los pequeños para elaborar, actualizar e implantar los planes.
Desarrollar programas permanentes de información, formación, participación y simulacros dirigidos a la población, especialmente en las zonas de interfaz urbano-forestal
