Justicia Alimentaria lleva 11 medidas al Congreso para cambiar el sistema alimentario

La subida del precio de los alimentos, la concentración del poder en las grandes cadenas de distribución y los problemas derivados del modelo de producción agraria han llevado a Justicia Alimentaria a plantear un paquete de 11 medidas urgentes para transformar el sistema alimentario en España.

La organización ha remitido un documento marco a los grupos políticos del Congreso con propuestas destinadas a proteger tanto a las personas consumidoras como a quienes producen los alimentos. Su objetivo es que estas iniciativas se traduzcan en cambios legislativos y no queden reducidas a compromisos políticos.

Entre sus principales reivindicaciones figura la regulación de los precios de los alimentos básicos y la limitación de los márgenes especulativos de la gran distribución, en un contexto en el que el encarecimiento de la cesta de la compra dificulta cada vez más el acceso a una alimentación saludable.

Justicia Alimentaria también plantea recuperar el control social sobre la distribución alimentaria, reforzar los mercados municipales y protegerlos frente a la expansión de las grandes cadenas de supermercados.

La calidad de la alimentación infantil también depende de lo que se sirve cada día en los comedores escolares: Justicia Alimentaria reclama que la educación alimentaria vaya acompañada de cambios reales en los hábitos de consumo y en el modelo de suministro de los centros educativos, con menús saludables, sostenibles y basados en productos de proximidad. 

Publicidad, etiquetado y alimentación infantil

Otro de los ejes de las propuestas se centra en la protección de la infancia. La organización reclama prohibir por ley la publicidad de alimentos insanos dirigida a menores y establecer una educación alimentaria obligatoria en los centros educativos, desde los cero hasta los 16 años, que incluya contenidos sobre nutrición, salud y sostenibilidad.

En materia de consumo, propone combatir el marketing engañoso de los productos ultraprocesados, regular expresiones comerciales como «artesano» o «natural» y prohibir los distintivos privados que utilizan términos como «ecológico» o «sostenible» sin una verificación pública y científica suficiente.

Menos plásticos, pesticidas y ganadería industrial

La transformación del modelo productivo constituye otro de los pilares del documento. Justicia Alimentaria reclama reducir drásticamente los envases de un solo uso, limitar la presencia de microplásticos en los suelos agrícolas y prohibir la fabricación y exportación de plaguicidas peligrosos.

La organización también pide frenar la expansión de la ganadería industrial, proteger los recursos hídricos y reducir el consumo masivo de carne procesada, apostando por una transición hacia sistemas de producción agroecológicos.

El documento incorpora, además, medidas relacionadas con las condiciones laborales en el campo. Entre ellas, la erradicación de la explotación de las trabajadoras temporeras y la aprobación de una Ley de Diligencia Debida que obligue a las grandes corporaciones a responder por los impactos de sus actividades.

La última propuesta aborda el control de los datos agrícolas. La entidad advierte del riesgo de que la información generada en las explotaciones quede en manos de grandes oligopolios tecnológicos, en lugar de estar al servicio del interés común.

De las propuestas a las leyes

Con las 11 medidas ya trasladadas a los grupos parlamentarios, Justicia Alimentaria considera que el siguiente paso es generar presión social para que los partidos políticos impulsen su aprobación.

La organización sostiene que el acceso a una alimentación saludable no debería convertirse en un privilegio condicionado por los precios o los intereses comerciales de las grandes empresas. Por ello, hace un llamamiento a la ciudadanía para respaldar sus reivindicaciones y reclamar cambios legislativos que garanticen un sistema alimentario más justo, transparente y sostenible.

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