FACUA cuestiona que el Gobierno frene la bajada del aceite

La asociación de consumidores considera injustificado que el Ministerio de Agricultura ordene retirar temporalmente del mercado el 12% de la producción de aceite de oliva para evitar nuevas caídas de precios, mientras recuerda que no adoptó medidas cuando algunas botellas de virgen extra superaron los 15 euros por litro en 2023. FACUA advierte de que la decisión puede impedir que el abaratamiento del producto llegue a los supermercados y beneficiar principalmente a los intereses empresariales.

El precio del aceite de oliva vuelve a situarse en el centro de la polémica. Esta vez, el debate no gira en torno a las subidas que durante años encarecieron uno de los productos esenciales de la alimentación en España, sino a la decisión del Gobierno de limitar temporalmente la cantidad de aceite disponible en el mercado para evitar que una cosecha abundante provoque nuevas caídas de precios.

FACUA-Consumidores en Acción ha cuestionado duramente esta medida, que considera un respaldo a los intereses económicos de productores y empresarios frente a la protección de los consumidores. La organización califica de escandaloso que el Ejecutivo intervenga ahora para contener los descensos, después de no haber actuado, según denuncia, cuando el precio del aceite alcanzó niveles extraordinarios.

La disposición del Ministerio de Agricultura contempla la retirada temporal de 188.000 toneladas de aceite de oliva, aproximadamente el 12% de la producción, con el propósito de evitar que el exceso de oferta presione a la baja las cotizaciones. El almacenamiento se mantendrá hasta el 30 de septiembre de 2027.

Para FACUA, esta decisión evidencia una diferencia de criterio en la intervención pública sobre el mercado. La asociación recuerda que en 2023, durante la escalada de los precios de los alimentos, algunas marcas de aceite de oliva virgen extra llegaron a venderse por encima de los 15 euros el litro. Pese a las reiteradas peticiones de la organización para establecer límites a los precios, el Ministerio que dirige Luis Planas no adoptó las medidas reclamadas.

La entidad sostiene que el Gobierno debería haber actuado entonces para proteger a las familias frente al encarecimiento de un alimento básico y evitar que las subidas de los márgenes comerciales agravaran el impacto sobre los hogares.

Una intervención que puede frenar el abaratamiento

Uno de los principales motivos de preocupación de la asociación es el efecto que la inmovilización de parte de la producción puede tener sobre los precios finales. Al reducirse temporalmente la cantidad de aceite disponible, se limita también la presión que una cosecha abundante podría ejercer para abaratar el producto.

FACUA advierte de que las bajadas de las cotizaciones en origen podrían no trasladarse de forma efectiva a los lineales de los supermercados. De esta manera, los consumidores correrían el riesgo de seguir pagando precios elevados, incluso en un escenario de mayor disponibilidad de materia prima.

La organización también recuerda que lleva años reclamando mecanismos de regulación y control de los precios de los alimentos básicos para evitar prácticas especulativas y desequilibrios en la cadena alimentaria.

Entre sus denuncias figuran las subidas paralelas de márgenes comerciales en el sector del aceite, los posibles pactos de no agresión entre cadenas de distribución en determinados productos y las medidas fiscales que, a su juicio, no han conseguido trasladar beneficios suficientes a los consumidores.

Estas reivindicaciones se han dirigido al Ministerio de Agricultura desde 2022, sin que, según FACUA, hayan obtenido una respuesta efectiva.

La protección del consumidor, en el centro del debate

El secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, critica que el Ejecutivo no interviniera cuando se produjeron las fuertes subidas y que ahora adopte una medida contundente para impedir que los precios bajen. La asociación considera que esta política antepone la rentabilidad empresarial a la capacidad económica de las familias.

La organización insiste en que los consumidores no deben soportar las consecuencias de las decisiones destinadas a garantizar los ingresos de los distintos eslabones de la cadena alimentaria.

Por ello, vuelve a reclamar al Gobierno medidas que permitan acceder a los alimentos esenciales a precios justos y razonables. También pide al ministro Luis Planas que impulse actuaciones para evitar que las bajadas de los precios en origen queden diluidas antes de llegar al consumidor.

El debate sobre el aceite de oliva vuelve así a poner sobre la mesa una cuestión fundamental: cómo compatibilizar la rentabilidad del sector agrario con el derecho de la ciudadanía a comprar alimentos básicos a precios asequibles. Para FACUA, la intervención pública no puede limitarse a proteger los precios cuando bajan; también debe defender a las familias cuando se disparan.

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