Afectados por las VPO denuncian requisitos de hasta 167 documentos

Según la Plataforma de Afectados VPO Málaga, de los 91 pisos de la promoción R15 solo se han formalizado 12 en cuatro meses, mientras algunos solicitantes han tenido que aportar hasta 167 documentos.
 

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PSOE_Mariano Ruiz Araujo
PSOE_Mariano Ruiz Araujo

Los socialistas llevarán una moción a la comisión municipal del próximo viernes para exigir que se paralicen las adjudicaciones y se revisen los expedientes rechazados. 

El proceso de adjudicación de las viviendas protegidas de alquiler asequible del sector Universidad vuelve a generar polémica en Málaga. El grupo municipal socialista ha denunciado las dificultades que están encontrando las familias que resultaron adjudicatarias de las promociones R3, R11, R12 y R15, gestionadas por las empresas privadas Lagoom Living y Sogeviso, y acusa al Ayuntamiento de haber dejado en manos de las gestoras privadas un procedimiento que, a su juicio, está provocando la exclusión de la mayoría de los solicitantes.

La viceportavoz socialista y responsable de Vivienda del grupo municipal, Carmen Martín, ha anunciado que defenderá una moción sobre este asunto en la comisión de Derechos Sociales y Vivienda del próximo viernes. La iniciativa reclama paralizar las adjudicaciones mientras se aclaran los criterios aplicados, revisar los expedientes rechazados y establecer garantías públicas para los solicitantes.

Martín ha calificado de «auténtico fracaso» el modelo de colaboración público-privada elegido por el equipo de gobierno municipal. Según ha explicado, numerosas familias llegaron a recibir comunicaciones en las que se les asignaba un bloque, un piso y una puerta, pero posteriormente fueron informadas de que no podían acceder a la vivienda, sin recibir explicaciones suficientes ni disponer de un procedimiento claro para reclamar.

La edil socialista considera especialmente preocupante que hogares que llevan años inscritos como demandantes de vivienda protegida y que pagan alquileres superiores a los 1.000 euros en el mercado libre hayan sido rechazados para acceder a viviendas cuyo alquiler ronda los 600 euros.

Hasta 167 documentos para optar a una vivienda

La portavoz de la Plataforma de Afectados VPO Málaga, Laura García, ha denunciado las exigencias documentales y económicas que, según el colectivo, están aplicando las empresas gestoras. Uno de los ejemplos expuestos es el de un solicitante que habría tenido que aportar hasta 167 documentos para acreditar que reúne las condiciones necesarias.

Entre la documentación requerida figuran certificados de Hacienda, información sobre registros de morosidad, sentencias de divorcio, justificantes de gastos relacionados con la discapacidad y cuadros de amortización de compras financiadas.

La plataforma también cuestiona los umbrales económicos establecidos para estas promociones. Según García, mientras en otras promociones públicas del mismo distrito, como la R10 y la R16, se exige un mínimo de ingresos anuales de 15.500 euros, en las promociones gestionadas por las empresas privadas el requisito se eleva hasta los 23.300 o 23.500 euros.

El colectivo considera que esta diferencia, cercana al 50%, perjudica a familias con ingresos modestos que también necesitan acceder a un alquiler asequible. Asimismo, critica que no se tengan suficientemente en cuenta las circunstancias económicas actuales de los solicitantes cuando el ejercicio fiscal anterior no refleja su situación real, por ejemplo, debido a bajas médicas o permisos de maternidad y paternidad.

Uno de los datos más destacados aportados por la plataforma corresponde a la promoción R15. De sus 91 viviendas, únicamente se habrían formalizado 12 adjudicaciones después de cuatro meses de tramitación, por lo que alrededor de 80 pisos continúan sin ocuparse.

Rechazos sin revisar toda la documentación

Eva Moncayo, una de las afectadas, ha denunciado que algunos expedientes estarían siendo rechazados sin que toda la documentación aportada haya sido revisada. Como ejemplo, ha mostrado capturas de la plataforma de gestión en las que los documentos todavía aparecen pendientes de validación, mientras que el expediente figura ya como denegado.

También ha relatado el caso de un solicitante al que primero se le comunicó la denegación, después se le aceptó la solicitud tras un cambio de las bases y, finalmente, se le volvió a rechazar cuando faltaban dos días para firmar el contrato.

Moncayo ha señalado que los criterios no se aplicarían de manera uniforme, especialmente en la valoración de los ingresos y las nóminas, y ha denunciado que las personas que disfrutaron de permisos de maternidad o paternidad durante 2025 pueden verse perjudicadas por la utilización de los datos fiscales de ese ejercicio.

Exigen una revisión pública de los expedientes

La moción socialista plantea cuatro medidas: detener temporalmente las adjudicaciones, revisar todos los expedientes rechazados mediante funcionarios del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), hacer públicos los criterios económicos utilizados por las gestoras y aprobar un protocolo municipal común que garantice los derechos de los solicitantes.

La plataforma, por su parte, ha dado al Ayuntamiento y al IMV un plazo de 72 horas para ofrecer soluciones por escrito, antes de emprender posibles acciones legales.

García recuerda que estas promociones cuentan con una importante aportación de recursos públicos: más de 13,5 millones de euros en terrenos municipales, más de 50 millones procedentes de fondos ICO y ayudas de la Junta de Andalucía. Según la plataforma, estos recursos representan cerca del 50% de la financiación de las promociones.

El conflicto vuelve a situar en el centro del debate la gestión de las viviendas protegidas de alquiler asequible en Málaga y el papel de las administraciones públicas en la supervisión de los procedimientos cuando participan empresas privadas.

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