Vecinos de Churriana piden rediseñar los accesos para salvar sus casas

El futuro parque logístico La Loma I, proyectado en Churriana sobre una superficie de casi 485.000 metros cuadrados, se ha convertido en una amenaza para la continuidad de varias viviendas cuyos propietarios llevan tiempo intentando encontrar una solución que les permita conservar sus casas.

El Ayuntamiento de Málaga considera que no existe una alternativa urbanística viable para evitar su desaparición, pero los afectados no comparten ese diagnóstico y defienden que el diseño de los accesos podría modificarse sin impedir el desarrollo del proyecto.

Los propietarios sostienen que sus terrenos quedan dentro del espacio reservado para algunos de los principales enlaces viarios del futuro polígono, una infraestructura que consideran susceptible de ser replanteada.

Los vecinos han presentado alegaciones al planeamiento y han recurrido al asesoramiento técnico para elaborar una propuesta alternativa. Su planteamiento pasa por introducir cambios en la disposición de los viales y desplazar una rotonda para evitar que las viviendas tengan que desaparecer. La reclamación no se dirige contra la creación del parque logístico, sino contra una ordenación que, a su juicio, no ha agotado todas las posibilidades para compatibilizar el desarrollo económico con la permanencia de las familias.

Urbanismo descarta modificar el proyecto

El Ayuntamiento argumenta que, después de estudiar durante aproximadamente dos años distintas posibilidades, no encuentra una fórmula urbanística que permita mantener las casas. La posición municipal es que las construcciones se encuentran en terrenos necesarios para ejecutar los accesos principales al sector y que modificar la ordenación no resolvería las necesidades de conexión del futuro parque.

La respuesta supone un duro revés para los propietarios, que confiaban en que su propuesta técnica pudiera abrir una vía de negociación. La posibilidad de conservar las viviendas queda así comprometida mientras avanza la tramitación urbanística del desarrollo.

Sin embargo, la documentación del propio Plan Parcial introduce un elemento que merece atención. La memoria urbanística de agosto de 2024 ya contemplaba estudiar una modificación en la posición de una rotonda situada en el límite este del ámbito para evitar la afección a una vivienda existente. El documento reconocía, por tanto, que al menos uno de los elementos de la ordenación podía ser objeto de revisión para reducir el impacto sobre las construcciones.

Esta referencia no demuestra que la alternativa planteada ahora por los vecinos sea técnicamente viable, pero sí abre interrogantes sobre qué soluciones se estudiaron, cuáles se descartaron y por qué los cambios propuestos por los propietarios no han prosperado.

Un desarrollo de casi 48,5 hectáreas

La Loma I, también identificado urbanísticamente como sector SUS-CH.6, contempla la transformación de 484.791 metros cuadrados en un nuevo espacio de actividad económica próximo al aeropuerto de Málaga y a las principales conexiones viarias metropolitanas.

El proyecto, promovido por Parque Logístico T4 SL, vinculada al grupo Alvores, reserva más de 208.000 metros cuadrados de parcelas para usos productivos y logísticos, además de suelo empresarial y comercial. La ordenación incluye también zonas verdes, equipamientos y una red de calles y conexiones exteriores.

La edificabilidad prevista para las parcelas lucrativas ronda los 169.677 metros cuadrados construibles. El objetivo es crear un espacio destinado a actividades de almacenamiento, distribución, transporte, servicios empresariales y comercio, aprovechando la posición estratégica de Churriana junto al aeropuerto y la red de carreteras.

El Plan Parcial recibió aprobación inicial de la Junta de Gobierno Local en octubre de 2024. No obstante, su tramitación ha estado condicionada por cuestiones ambientales y urbanísticas que todavía deben resolverse.

Las indemnizaciones no resuelven el conflicto

La documentación urbanística contempla la demolición de las construcciones afectadas y establece que las indemnizaciones correspondientes deberán determinarse dentro del proceso de reparcelación. Pero para los propietarios el problema no se limita a recibir una compensación económica: lo que reclaman es poder permanecer en sus viviendas.

La diferencia entre ambas posiciones sitúa el conflicto en una cuestión de fondo: si la ejecución de un proyecto de esta dimensión exige necesariamente la desaparición de las casas o si todavía existe margen para estudiar una ordenación menos lesiva.

Los afectados quieren que su propuesta sea examinada y que se expliquen con argumentos técnicos las razones por las que no puede aplicarse. 

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