Andalucía

Adelante Andalucía cuestiona las indemnizaciones de los ex altos cargos

Adelante Andalucía ha llevado al Parlamento el debate sobre el gasto destinado a los altos cargos y cuestiona las prioridades presupuestarias del Gobierno de Moreno. Las cesantías a 28 ex altos cargos que superan los 6.000 euros mensuales

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José Ignacio García y Luis Rodrigo
José Ignacio García y Luis Rodrigo

La Junta de Andalucía tenía reconocidas al cierre del tercer trimestre de 2026 indemnizaciones por cese, conocidas como cesantías, para 28 antiguos altos cargos del Ejecutivo autonómico. En 25 de los casos, las cantidades mensuales superaban los 6.000 euros, mientras que tres beneficiarios tenían reconocidas prestaciones por encima de los 7.000 euros. Los datos proceden del Portal de Transparencia de la Administración autonómica, que publicó la actualización correspondiente al 30 de septiembre el pasado 4 de noviembre.

La relación incluye antiguos consejeros, viceconsejeros, secretarios generales y directores generales que dejaron sus responsabilidades en diferentes momentos. Entre los nombres figura la exconsejera de Salud y Consumo Rocío Hernández, que dimitió en octubre de 2025 tras la crisis de los cribados de cáncer de mama.

Según la actualización del tercer trimestre, Hernández tenía reconocida una indemnización mensual de 5.950,72 euros durante dos meses y ocho días, con fecha de inicio el 9 de octubre de 2026. La información publicada anteriormente por la Junta reflejaba un periodo inicial de 14 meses y una cuantía de 6.400,58 euros mensuales desde octubre de 2025.

Tres prestaciones por encima de los 7.000 euros

Las cantidades más elevadas corresponden a la exviceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación Lorena Garrido, con 7.175,91 euros mensuales durante seis meses y 27 días; la exsecretaria general de Vivienda Alicia Martínez, con 7.051,96 euros, y la antigua secretaria general de Investigación, Innovación y Salud Digital Áurea Morillo, con 7.025,27 euros.

También aparecen los exviceconsejeros Yolanda de Aguilar y Sergio Arjona, con prestaciones de 6.954,08 y 6.998,57 euros mensuales, respectivamente. La relación incluye, además, a la antigua gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García, con 6.756,33 euros al mes, y al exinterventor general Miguel Ángel Figueroa, cuya indemnización asciende a 4.207,58 euros mensuales.

En cuanto a la composición del listado, figuran 15 antiguos directores generales, cuatro exsecretarios generales de consejerías y tres antiguos secretarios generales técnicos, además de otros responsables que ocuparon puestos de mayor rango.

Adelante Andalucía cuestiona el gasto en altos cargos

La publicación de estas cifras coincide con las críticas que Adelante Andalucía viene realizando sobre las retribuciones y ventajas económicas de los responsables políticos de la Junta. Su portavoz, José Ignacio García, ha situado este asunto dentro de un debate más amplio sobre las prioridades presupuestarias del Gobierno de Juanma Moreno.

En el último Pleno parlamentario, celebrado los días 11 y 12 de noviembre, García mostró el listado de las cesantías durante su intervención en la sesión de control al presidente de la Junta. La cuestión se enmarca en los reproches de la formación andalucista al gasto destinado a la estructura política del Ejecutivo.

Durante el debate presupuestario, Adelante Andalucía contrapuso los recursos destinados a los altos cargos con las necesidades sociales, especialmente en materia de vivienda. García denunció que el presupuesto contempla 60 millones de euros para altos cargos frente a 10 millones para construir viviendas protegidas, según las cifras expuestas por el portavoz.

La formación también ha cuestionado otras ventajas económicas de los responsables autonómicos. En septiembre, García anunció una iniciativa legislativa para eliminar las ayudas al alquiler de altos cargos, que pueden alcanzar los 2.000 euros mensuales. Adelante cifró entonces en 1,5 millones de euros anuales el coste de estas ayudas y reclamó modificar la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Altos Cargos.

Una compensación regulada por ley

Las cesantías no constituyen una prestación discrecional, sino una compensación económica contemplada en la normativa autonómica de incompatibilidades. La regulación establece una mensualidad del sueldo por cada año de servicio, con un mínimo de tres y un máximo de doce mensualidades.

El derecho se extingue si la persona beneficiaria inicia una nueva actividad laboral, desarrolla una actividad remunerada en el sector privado o vuelve a ocupar un puesto en el sector público con efectos económicos.

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