Sánchez busca una segunda vía para sus decretos de vivienda

El Gobierno de Pedro Sánchez prepara una nueva ofensiva para mantener en vigor sus medidas de vivienda después del rechazo sufrido el pasado viernes en el Congreso. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes de nuevo los decretos que fueron tumbados por la Cámara Baja, aunque con algunas variaciones respecto a los textos anteriores. La decisión llega apenas unas horas después del anuncio de elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre.

La convocatoria electoral introduce un elemento decisivo en la tramitación. Las Cortes quedarán disueltas y la convalidación de los nuevos reales decretos-leyes corresponderá a la Diputación Permanente, el órgano que mantiene determinadas funciones parlamentarias durante el periodo electoral. La composición de este órgano es distinta a la del Pleno del Congreso y puede modificar el resultado de la votación.

El Ejecutivo pretende aprovechar precisamente esa nueva aritmética parlamentaria. La Diputación Permanente está integrada por representantes de los diferentes grupos en proporción a su presencia en la Cámara, y en ella el bloque formado por PP, Vox y Junts no dispone de la misma capacidad para bloquear las iniciativas que tuvo en la votación del viernes.

Dos decretos rechazados el viernes

La estrategia del Gobierno llega después de una derrota parlamentaria que afectó a dos normas vinculadas a la política de vivienda. El Pleno del Congreso rechazó los textos con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

Uno de los decretos estaba relacionado con medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda. El otro incluía la renovación automática de determinados contratos de alquiler, una cuestión que también generó discrepancias entre los grupos parlamentarios, pese a ser la norma mas utilizada en Europa.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, confirmó este lunes que el Gobierno llevará nuevamente las medidas al Consejo de Ministros, aunque incorporarán “variaciones” que, según explicó, no supondrán recortes respecto a los textos rechazados.

La intención del Ejecutivo es que las nuevas normas entren en vigor mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado y que posteriormente sean sometidas al control parlamentario correspondiente.

La Diputación Permanente entra en juego

La principal novedad está en quién tendrá que votar ahora los decretos. Con la disolución de las Cortes, el Pleno deja de funcionar y la Diputación Permanente asume determinadas competencias hasta la constitución de las nuevas Cámaras.

Entre esas funciones se encuentra la convalidación o derogación de los reales decretos-leyes durante el periodo electoral. La Constitución establece, con carácter general, que los decretos-leyes deben ser sometidos a debate y votación parlamentaria dentro de los 30 días siguientes a su promulgación.

La composición reducida de la Diputación Permanente, 69 miembros,  puede favorecer al Gobierno. Según las informaciones publicadas este lunes, la suma de las fuerzas que respaldan al Ejecutivo tendría opciones de alcanzar la mayoría necesaria sin depender del voto de Junts, que fue determinante para tumbar los decretos en el Pleno del viernes.

El PNV mantiene abierta su posición

La operación, sin embargo, no está completamente asegurada. El PNV ha anunciado que analizará “en profundidad” los nuevos textos antes de decidir su posición, por lo que el contenido definitivo de los decretos será determinante.

Además, la estrategia del Gobierno ya ha provocado críticas de la oposición. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado de “ilegalidad manifiesta” que la Diputación Permanente vuelva a votar unas medidas que fueron rechazadas por el Pleno del Congreso.

El Gobierno sostiene, por su parte, que la vía parlamentaria continúa siendo posible pese a la convocatoria electoral. La batalla por los decretos de vivienda se traslada así del Pleno del Congreso a la Diputación Permanente, en un escenario marcado por la disolución de las Cortes y por unas elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre.

El escenario queda así abierto: el Gobierno puede aprobar de nuevo los decretos, pero será la Diputación Permanente la que determine durante el periodo electoral si los convalida o los deroga. La decisión se producirá mientras España encara las elecciones generales del 29 de noviembre.

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