España no se hunde únicamente por los problemas económicos o políticos. Se hunde, sobre todo, cuando deja de valorar el mérito, el conocimiento, la experiencia y la excelencia. Un país no puede aspirar a progresar cuando los puestos de mayor responsabilidad se ocupan por afinidad política, intereses partidistas o reparto de cuotas, en lugar de por capacidad y preparación.
La meritocracia no es un lujo; es una necesidad. Un ministro de Educación debería ser una autoridad en educación, pedagogía e investigación. Un ministro de Sanidad debería contar con una sólida trayectoria médica y científica. Quien dirija las infraestructuras del país debería ser un experto en ingeniería, planificación y desarrollo urbano. Los ministerios no deberían convertirse en premios políticos, sino en espacios dirigidos por los mejores profesionales de cada ámbito.
Sin embargo, la sensación de muchos ciudadanos es que España se gobierna al antojo de quienes están en el poder y no según las necesidades reales de la población. Se legisla desde los despachos mientras la realidad de la calle parece quedar relegada a un segundo plano. Las decisiones políticas deberían responder a las necesidades latentes de los ciudadanos y no a intereses partidistas o cálculos electorales.
Esa desconexión se percibe especialmente en la sanidad pública. Muchos ciudadanos sienten que la burocracia ha terminado imponiéndose al criterio clínico y que, en demasiadas ocasiones, los protocolos sustituyen al juicio profesional individual. Existen casos que generan una enorme preocupación social, como pacientes que acuden varias veces a urgencias con síntomas importantes y cuyo diagnóstico definitivo llega demasiado tarde. Cada uno de estos casos alimenta la percepción de que el sistema debe mejorar tanto en prevención como en capacidad de respuesta.
Desde mi experiencia personal, también considero que determinados protocolos relacionados con la posible exposición a la rabia deberían permitir una valoración individualizada. Si una persona es atacada por un animal salvaje que no puede ser observado ni puesto en cuarentena, parece razonable preguntarse si el criterio médico debería tener mayor margen para evaluar cada caso concreto y decidir si son necesarias medidas preventivas adicionales, en lugar de aplicar automáticamente un protocolo general.
La medicina preventiva no debería consistir únicamente en esperar a que aparezcan los síntomas para actuar. Prevenir significa anticiparse al riesgo cuando existen circunstancias que lo justifican. Cuando un ciudadano escucha como respuesta: "Si dentro de unos días aparecen síntomas, vuelva", muchos sienten que eso no representa una verdadera política preventiva, sino una reacción tardía. La prevención salva vidas; la reacción intenta salvar lo que ya se ha complicado.
Aún más preocupante resulta que, cuando un ciudadano solicita explicaciones o manifiesta su desacuerdo, en ocasiones reciba respuestas despectivas o evasivas, trasladando la responsabilidad a otros responsables políticos en lugar de ofrecer soluciones. La sanidad pública debe caracterizarse por la profesionalidad, la empatía y el respeto hacia los pacientes.
Pero la responsabilidad no recae únicamente en los gobernantes. También es responsabilidad de la sociedad exigir instituciones mejores. Mientras millones de españoles dediquen más tiempo a debatir sobre el sofá sólo pan y circo, programas de cotilleo, realities, escándalos televisivos o la vida de personajes famosos y políticos que a exigir una educación de calidad, una sanidad eficiente y una Administración competente, será muy difícil impulsar un cambio profundo.
España necesita recuperar la cultura del esfuerzo, del conocimiento, del mérito y de la responsabilidad. Necesita instituciones transparentes, gobernantes preparados y profesionales elegidos por su capacidad y no por su afiliación política. Necesita que el interés general vuelva a situarse por encima del interés del partido.
Porque un país no fracasa de un día para otro. Fracasa lentamente cuando deja de premiar el conocimiento, cuando la burocracia pesa más que el sentido común, cuando la prevención se sustituye por la improvisación y cuando los ciudadanos dejan de exigir responsabilidades.
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