Por Joan Pau Rica Lopez
España tiene un problema del que no se habla. pero cuesta a los ciudadanos decenas de miles de millones de euros cada año.
SE LLAMA ECONOMÍA SUMERGIDA.
Los distintos estudios la sitúan entre el 15 % y el 24 % del PIB. Si tomamos un valor intermedio, alrededor del 20 %, estaríamos hablando de una actividad económica cercana a 360.000 millones de euros anuales, una cifra equivalente a una quinta parte de toda la riqueza que produce nuestro país.
Esa cifra es una estimación. Pero incluso admitiendo un amplio margen de error, el volumen sigue siendo gigantesco.
Diversos estudios económicos estiman que el fraude asociado a la economía sumergida puede suponer entre 30.000 y más de 60.000 millones de euros anuales de menor recaudación entre impuestos y cotizaciones sociales. Es dinero que deja de entrar en las arcas públicas y que obliga a financiar el Estado por otras vías.
La consecuencia es evidente, si unos no pagan, otros pagan más.
Cada empresario que emplea trabajadores sin darlos de alta, que paga parte del salario en dinero negro, que no entrega factura o que oculta ingresos no está demostrando ser más listo que sus competidores. Está trasladando sus obligaciones al resto de la sociedad.
Mientras él aumenta fraudulentamente sus beneficios, otro empresario cumple la ley, paga impuestos, soporta las cotizaciones y compite en clara desventaja.
Eso no es libertad de empresa. Eso es competencia desleal. Y quien acaba pagando la factura es el ciudadano honrado.
El trabajador no puede ocultar su nómina. El pensionista no puede esconder su pensión. El funcionario no cobra en negro. El pequeño autónomo que declara todo tampoco puede competir contra quien defrauda sistemáticamente.
Después llegan los mismos discursos de siempre: que faltan recursos para la sanidad, que las pensiones son insostenibles, que hay que subir impuestos o crear nuevas tasas.
Antes de pedir un euro más a los ciudadanos que cumplen, habría que impedir que decenas de miles de millones escapen cada año del sistema tributario.
No todos los empresarios actúan así. Sería profundamente injusto afirmarlo. La inmensa mayoría crea empleo, invierte y cumple con sus obligaciones.
Quienes convierten el fraude en un modelo de negocio merecen toda la contundencia de la ley. Porque no están engañando únicamente a Hacienda, están robando recursos a los hospitales, a las pensiones, a la dependencia y a los servicios públicos que después todos exigimos.
La economía sumergida es uno de los mayores ataques contra la igualdad entre ciudadanos. Porque en España hay dos clases de contribuyentes: los que pagan lo que les corresponde… y los que consiguen que sean los demás quienes paguen también su parte.
Y mientras esa situación continúe, el subir impuestos denota un mal gobierno. La prioridad no debe ser exigir más esfuerzo a quienes cumplen, sino conseguir que quienes viven del fraude dejen de hacerlo.
