RedacciónMálaga, 20 de junio de 2026. La Confederación General del Trabajo de Andalucía (CGT-A) ha presentado una denuncia ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el SEPRONA de la Guardia Civil por las prácticas ilegales de repostaje de motos acuáticas de salvamento y socorrismo en las playas de Málaga, realizadas —según el sindicato— por la empresa concesionaria del Ayuntamiento, UTE Playas de Málaga (SSGA‑Atlantic).
CGT-A sostiene que la empresa está llevando a cabo trasvases manuales de gasolina directamente sobre la arena, a escasos metros de la línea de agua, utilizando bidones portátiles y embudos. La denuncia, acompañada de documentación gráfica, detalla que estas maniobras suponen un riesgo de vertidos de hidrocarburos en el dominio público marítimo-terrestre y comprometen la seguridad de trabajadores y usuarios.
El sindicato subraya que estas operaciones vulneran la normativa de costas y las condiciones de seguridad exigibles en un servicio público esencial como el salvamento y socorrismo.
CGT-A señala directamente a la concejala de Medio Ambiente, Teresa Porras, a quien reprocha haber puesto el servicio de salvamento “en manos de una empresa que acumula irregularidades y viola la legalidad vigente”. La organización advierte de que estas prácticas “ponen en riesgo la vida de las personas” y reflejan una gestión “negligente e incompatible con la protección ambiental”.
El sindicato recuerda que la UTE acumula incumplimientos del pliego, vulneraciones de derechos laborales y actuaciones contrarias al acuerdo alcanzado ante el SERCLA, especialmente en materia de seguridad y salud de la plantilla.
CGT-A exige al Ayuntamiento de Málaga la rescisión inmediata del contrato con la concesionaria, al considerar que sus actuaciones suponen un atentado contra:
El medioambiente y las costas de la ciudad.
Los derechos básicos de los profesionales del salvamento.
La seguridad de los usuarios de las playas.
La organización recuerda que esta denuncia se presenta en el marco de sus funciones de vigilancia y control sobre las condiciones de seguridad del servicio, así como en defensa del interés general y de la protección ambiental de las playas de Málaga.
CGT-A insta al Ayuntamiento a actuar “con responsabilidad y transparencia” y a garantizar un servicio de salvamento “seguro, legal y respetuoso con el entorno”.
