De la Torre, ante una nueva petición de investigar el caso SMASSA


El PSOE de Málaga ha vuelto a situar la gestión de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (SMASSA) en el centro de la polémica política municipal tras conocerse que la Fiscalía solicita tres años de prisión para su antiguo gerente, Manuel Díaz, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y acoso laboral.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Mariano Ruiz Araujo, ha reclamado explicaciones inmediatas al alcalde, Francisco de la Torre, y ha anunciado que su grupo volverá a pedir la creación de una comisión de investigación para esclarecer las posibles irregularidades.
La petición de la Fiscalía incluye, además de la pena de prisión, distintas inhabilitaciones y una multa de 111.000 euros. El procedimiento está relacionado con las presuntas presiones ejercidas sobre una responsable técnica de SMASSA para favorecer determinadas decisiones vinculadas a la adjudicación y ejecución de las obras del aparcamiento de Pío Baroja.


El Ministerio Público solicita también una indemnización de 17.145 euros para la trabajadora presuntamente perjudicada y señala al Ayuntamiento de Málaga y a SMASSA como posibles responsables civiles subsidiarios. Se trata, por tanto, de una causa que afecta tanto a la gestión de una empresa pública como al uso de recursos municipales y a las condiciones laborales de sus trabajadores.
Ruiz Araujo considera que la gravedad de los hechos conocidos exige responsabilidades políticas sin necesidad de esperar a que concluya el procedimiento penal. No obstante, ha manifestado su respeto a la presunción de inocencia y ha recordado que corresponde a la Justicia determinar las posibles responsabilidades penales.
La jueza reclama nuevos documentos sobre Pío Baroja
A la petición de penas de la Fiscalía se suman nuevos movimientos en la instrucción judicial. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga ha estimado sustancialmente las solicitudes formuladas por el PSOE, que ejerce la acusación popular, y ha requerido a SMASSA para que entregue en un plazo de diez días nueva documentación sobre las obras de los aparcamientos de Pío Baroja.
Entre los documentos reclamados figuran informes técnicos relacionados con las presuntas irregularidades en la ejecución de los trabajos. La jueza también ha acordado incorporar a la causa un informe pericial aportado por los socialistas que cuestiona la justificación de más de 800.000 euros correspondientes a obra ejecutada.
Una vez recibida la documentación, se abrirá un nuevo plazo para formular acusación. Estas diligencias añaden nuevos elementos a una investigación que examina la gestión de las obras y las decisiones adoptadas en el seno de la sociedad municipal.
El PSOE vuelve a reclamar una comisión de investigación
En el ámbito político, los socialistas quieren que el alcalde explique qué conocimiento tenía de las presuntas irregularidades, desde cuándo estaba al corriente y qué mecanismos de supervisión se aplicaron sobre la empresa municipal. También cuestionan que De la Torre mantuviera su confianza en el antiguo gerente hasta hace relativamente poco tiempo.
El PSOE volverá a solicitar la constitución de una comisión de investigación municipal, una iniciativa que el Partido Popular ya rechazó anteriormente. Ruiz Araujo sostiene que los nuevos acontecimientos judiciales justifican retomar la propuesta y considera que el Ayuntamiento debe aclarar qué controles se ejercieron, cómo se gestionaron las decisiones relacionadas con las obras y qué medidas se adoptaron para proteger a los profesionales técnicos ante posibles presiones.
El portavoz socialista ha instado al gobierno municipal a facilitar toda la documentación requerida y colaborar con la investigación judicial. También ha reclamado transparencia sobre la gestión de SMASSA y las responsabilidades políticas que pudieran derivarse.
«Francisco de la Torre no puede seguir mirando hacia otro lado», ha afirmado Ruiz Araujo, quien considera que el alcalde tiene que dar explicaciones públicas sobre lo ocurrido en una empresa municipal que gestiona recursos públicos. Los socialistas plantean así una nueva oportunidad para que el PP permita investigar el caso en el Ayuntamiento, mientras continúa el procedimiento judicial.


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