Vivienda y desahucios centran la campaña de Frente Amplio

El candidato del Frente Amplio por Málaga defiende junto al exparlamentario José Manuel Jurado la intervención del mercado inmobiliario y reclama medidas contra la especulación, los desahucios y la expulsión de los vecinos de los centros urbanos.

Rafael Borrego, candidato del Frente Amplio por Málaga, ha defendido la necesidad de convertir las movilizaciones por el derecho a la vivienda del próximo 11 de noviembre en una respuesta política en las elecciones del 29 de noviembre.

Durante un acto celebrado este jueves en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, en el campus de Teatinos, ha reclamado medidas para regular el mercado inmobiliario y limitar la especulación. En el encuentro ha estado acompañado por José Manuel Jurado, exparlamentario de Por Andalucía, que ha anunciado su incorporación a la campaña de la coalición.

Borrego ha situado la crisis de acceso a la vivienda como uno de los principales problemas que afectan a la población joven. El candidato ha señalado que también forma parte de ese colectivo que encuentra dificultades para comprar una casa o acceder a un alquiler en su propia ciudad. En este sentido, ha defendido que la intervención del mercado inmobiliario cuenta con un amplio respaldo social y ha asegurado que el 80% de la población está a favor de adoptar medidas en este ámbito.

El representante del Frente Amplio ha criticado las propuestas que, según ha expuesto, apuestan por incrementar la construcción de viviendas sin introducir mecanismos de regulación. A su juicio, aumentar la oferta a largo plazo no resuelve por sí solo las dificultades actuales de acceso a un hogar y ha reclamado actuaciones que permitan afrontar el problema de manera inmediata.

Borrego ha señalado especialmente la situación de Málaga, que ha definido como un «laboratorio de los especuladores» y un ejemplo de los efectos del mercado inmobiliario sobre la población residente. Ha advertido de que las dificultades para encontrar vivienda están obligando a muchos jóvenes a trasladarse a municipios situados a decenas de kilómetros, alejándose de sus barrios y comunidades.

También ha criticado la transformación de los centros urbanos en espacios destinados al alojamiento turístico, frente a las necesidades residenciales de quienes viven y trabajan en las ciudades. En este contexto, ha expresado el apoyo del Frente Amplio a las movilizaciones de los colectivos sociales, los sindicatos de inquilinas y los sindicatos de clase que respaldan la huelga del 11 de noviembre. Borrego ha defendido que esta convocatoria debe contar con una participación amplia y que sus reivindicaciones tengan continuidad en las instituciones.

Por su parte, José Manuel Jurado ha anunciado que se incorpora a la campaña del Frente Amplio y ha defendido la presencia de la coalición en el Congreso de los Diputados para impulsar medidas de regulación de la vivienda. El exparlamentario ha descrito Málaga como una provincia marcada por las diferencias económicas, con grandes fortunas y, al mismo tiempo, salarios entre los más bajos de Andalucía.

Jurado ha relacionado esta desigualdad con las dificultades para acceder tanto a una vivienda como al propio derecho a la ciudad. Ha cuestionado que la respuesta a la crisis consista únicamente en construir nuevos inmuebles en las periferias, mientras los centros urbanos pierden población residente y se orientan hacia el turismo.

El exparlamentario ha reivindicado el desarrollo del artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y establece el mandato de impedir la especulación. También ha criticado la política del Partido Popular en Andalucía por no regular las zonas tensionadas y por eliminar, según sus palabras, normas destinadas a intervenir en el mercado inmobiliario.

Entre las propuestas que el Frente Amplio pretende llevar al Congreso, Jurado ha mencionado la regulación del mercado del alquiler, el impulso de la vivienda pública, la movilización de viviendas ya construidas y la adopción de medidas para evitar los desahucios sin alternativa habitacional.

Asimismo, ha señalado que los jóvenes no deberían destinar entre el 70% y el 80% de sus salarios al pago de la vivienda. Para Jurado, las movilizaciones sociales deben traducirse en iniciativas legislativas que garanticen el acceso a un hogar y eviten la expulsión de la población de sus barrios.

Ambos representantes han situado las convocatorias del 11 y el 29 de noviembre como dos momentos de una misma reivindicación: trasladar las demandas de los movimientos sociales al debate político e institucional.

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