Fernando pide frenar su desahucio en Puerto de la Torre

Fernando García tiene 70 años, una pensión de alrededor de 700 euros mensuales y una fecha que amenaza con cambiar su vida: el próximo 19 de octubre. Ese día está previsto el lanzamiento judicial de la vivienda en la que lleva 21 años viviendo junto a su hijo, en el barrio malagueño de Puerto de la Torre. Ante la proximidad del desahucio, reclama una solución que le permita permanecer en su hogar mientras continúa pendiente el conflicto judicial sobre la propiedad del inmueble.

Según ha explicado Fernando en declaraciones recogidas por la prensa, el origen del problema se remonta a la compra de la vivienda por parte de su padre. La operación habría quedado sin formalizar mediante escritura pública y su padre falleció en 2012 sin que se completara ese trámite.

Fernando sostiene que la casa estaba pagada y que existe un contrato de compraventa. Afirma que, durante años, esperó a que se regularizara la documentación. Sin embargo, posteriormente supo que el inmueble había sido vendido a otra persona, que inició el procedimiento judicial para recuperarlo.

¿Quién es el propietario de la vivienda?

Esta es una de las cuestiones fundamentales que deben aclararse para comprender el caso. La información publicada señala que existe un nuevo titular que promovió el procedimiento de desahucio, pero no identifica de forma concluyente a la persona o sociedad que figura actualmente como propietaria registral.

Fernando atribuye el origen del problema a la falta de formalización de la compraventa inicial. Según su relato, la promotora no llegó a completar la escritura y, tras el fallecimiento de su padre, la situación quedó sin resolver.

La urgencia de paralizar el lanzamiento

La principal preocupación de Fernando es que el desahucio se ejecute antes de que la Audiencia Provincial de Málaga resuelva las cuestiones pendientes. El jubilado asegura que busca una suspensión del lanzamiento para evitar quedarse en la calle antes de conocer el resultado de la vía judicial, para ello se ha puesto en contacto con diversos medios informativos y con "Un Techo por Derecho" que resalta  que Fernando  tiene reconocida una discapacidad superior al 34% y con su situación economica es imposible encontrar una vivienda alternativa en Málaga, lo que supone una dificultad añadida.

Qué se puede hacer para intentar evitar el desahucio

El Ayuntamiento de Málaga, los Servicios Sociales y el Instituto Municipal de la Vivienda pueden ser requeridos para que valoren de manera urgente la situación económica, familiar y residencial de Fernando y estudien posibles alternativas habitacionales. Su intervención no garantiza por sí sola la suspensión judicial, pero puede contribuir a evitar una situación de desamparo.

Un llamamiento ante una fecha límite

Con el 19 de octubre cada vez más cerca, el caso necesita una respuesta urgente de las instancias judiciales y sociales competentes. La prioridad es evitar que el lanzamiento se produzca sin que se hayan examinado las posibilidades legales de suspensión y sin que se valore el riesgo de que Fernando y su hijo se queden sin alojamiento.

La petición del jubilado es que se paralice el desahucio mientras se aclara la titularidad de la vivienda. Para avanzar, resulta imprescindible conocer la documentación registral y judicial, escuchar a las partes implicadas y explorar todas las vías legales disponibles antes de que llegue la fecha señalada.

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