CGT exige a la Junta de Andalucía la reapertura inmediata de la Comunidad de Mijas

Málaga, 24 de septiembre de 2026. La Confederación General del Trabajo (CGT) exige a la Junta de Andalucía el mantenimiento de la Comunidad Terapéutica de Mijas, un recurso público especializado en la atención a mujeres con adicciones y víctimas de violencia de género. El sindicato se opone frontalmente a su cierre definitivo, una medida que irá acompañada de la privatización de las plazas asistenciales mediante su concertación con entidades privadas.

El centro cesó su actividad el pasado mes de agosto alegando, según la Administración andaluza, motivos de seguridad relacionados con el riesgo de incendios. Sin embargo, la comunicación oficial de su cierre definitivo confirma los peores presagios: la pérdida de un servicio esencial para mujeres que necesitan atención especializada y un entorno seguro para su recuperación.

La Comunidad Terapéutica de Mijas constituye un recurso singular, al ser el único centro público de Andalucía dedicado exclusivamente al tratamiento residencial de mujeres con adicciones. Su enfoque integral permite abordar situaciones complejas donde se entrecruzan la dependencia, la violencia de género y la vulnerabilidad social, factores que habitualmente dificultan el acceso al tratamiento.

CGT defiende que, ante cualquier riesgo de seguridad, la Junta de Andalucía debe actuar protegiendo a las pacientes, a los profesionales y garantizando la continuidad del servicio público. Las deficiencias estructurales no pueden convertirse en una excusa para suprimir de forma permanente un recurso de estas características ni para desviar fondos públicos hacia el beneficio de empresas privadas. En este sentido, el sindicato rechaza de forma tajante que la respuesta al cierre sea la sustitución de las plazas públicas por plazas concertadas.

La atención a este colectivo vulnerable requiere continuidad terapéutica, equipos profesionales especializados y una estrecha coordinación con los recursos de protección, igualdad y servicios sociales. Por ello, la Administración debe explicar con urgencia cómo garantizará estas condiciones y qué consecuencias tendrá su decisión para las mujeres atendidas y para aquellas que necesitan acceder al recurso.

Por todo ello, CGT exige a la Consejería de Salud y Consumo:

Cerrar este centro supone perder un patrimonio público especializado cuya función social no puede reducirse a un simple número de plazas en el sector privado. La Junta de Andalucía debe rectificar y garantizar una respuesta asistencial que sitúe la seguridad, la protección y la recuperación de las mujeres en el centro de sus decisiones políticas.