Redacción
Dani Pérez denuncia que el Gobierno andaluz frena el Plan Estatal mientras la juventud se ve obligada a destinar el 98% de su nómina al alquiler
El portavoz de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Dani Pérez, ha denunciado hoy el bloqueo del Gobierno de Moreno Bonilla a las políticas públicas de vivienda, advirtiendo de la situación de emergencia que atraviesa la juventud andaluza ante la escalada de los precios del alquiler. Pérez ha alertado de que independizarse en la comunidad se ha convertido en una "misión imposible", ya que las personas jóvenes se ven obligadas a destinar el 98% de su salario únicamente al pago del arrendamiento.
“Frente a esta realidad, el Gobierno de España ha transferido a Andalucía 1.200 millones de euros correspondientes al Plan Estatal de Vivienda. ¿Y qué es lo que está haciendo la Junta de Andalucía? Bloquearlo”, ha reprochado el portavoz socialista. Pérez ha contrapuesto la inacción del Ejecutivo del Partido Popular con el compromiso del Ejecutivo central, subrayando que la única vía eficaz para garantizar el acceso a un hogar es “apostar decididamente por la política de vivienda pública a través de los fondos del plan estatal”.
Además, el parlamentario andaluz ha señalado la falta de gestión de la Consejería de Vivienda, calificando de “inadmisible” que el Gobierno de Moreno Bonilla haya acumulado 730 millones de euros del presupuesto de vivienda sin ejecutar a lo largo de los últimos cuatro ejercicios.
“Eso es lo que está haciendo Moreno Bonilla”, ha sentenciado Dani Pérez en referencia a la inacción del Ejecutivo andaluz, al que ha exigido “que se ponga a trabajar y que cumpla con la vivienda pública en Andalucía”.
La denuncia socialista llega tras el rechazo del Partido Popular en el último pleno del Parlamento a la Proposición No de Ley del PSOE-A para atajar la emergencia habitacional. En dicha iniciativa, el Grupo Socialista planteaba tres medidas prioritarias al Consejo de Gobierno.
Por un lado, reclamaba abandonar la confrontación institucional con el Estado, renunciar al conflicto planteado ante el Tribunal Constitucional y firmar de forma inmediata el convenio del Plan Estatal 2026-2030 para que no se pierdan fondos en Andalucía.
Además, exigía movilizar sin demora los 136,8 millones de euros del primer año del plan garantizando la aportación económica que depende de la propia Junta de Andalucía, además de ejecutar íntegramente los fondos presupuestados que continúan pendientes de gasto.
Por último, la iniciativa instaba a aprobar en el plazo de dos meses un plan de choque urgente para incrementar la oferta de vivienda protegida en alquiler asequible para personas jóvenes de hasta 35 años, prestando especial atención a las provincias con mayor tensión en los precios e informando sobre el grado de ejecución de la vivienda protegida promovida por la agencia pública AVRA.
