


El macrocentro de datos de Málaga alerta por su consumo de agua y energía
Redacción


Verdes EQUO reclama una moratoria y un estudio de impacto real para el centro de datos proyectado en Málaga TechPark, con una inversión superior a los 1.250 millones de euros, por sus posibles consecuencias sobre los recursos hídricos y energéticos.
El Partido Verde ha expresado su preocupación por las consecuencias ecológicas, sociales y territoriales del macrocentro de datos anunciado hace unos meses en Málaga TechPark (PTA), con una inversión prevista de más de 1.250 millones de euros. La formación ecologista reclama una moratoria y un estudio de impacto real que prioricen el interés público frente al modelo desarrollista.
El partido advierte de que Andalucía, y especialmente Málaga, debe evitar repetir los problemas que se están produciendo en otros territorios, como Aragón. La formación señala que en Huesca la contestación social y la presión sobre los recursos básicos asociadas a este tipo de proyectos son ya motivo de preocupación, y alerta del riesgo de convertir la provincia malagueña en un ejemplo de consumo energético desmedido.


Preocupación por el consumo de agua y electricidad
Verdes EQUO recuerda que los centros de datos de gran escala consumen enormes cantidades de electricidad y agua para refrigerar sus instalaciones. En un contexto de crisis climática, sequía estructural y escasez crónica de agua en Andalucía y Málaga, considera irresponsable impulsar proyectos que puedan aumentar la presión sobre los suministros públicos esenciales.
A esta situación se suma, según la formación, la tensión que genera el exceso de turismo sobre los recursos disponibles.
«Nos venden la digitalización como un mantra acrítico, pero la realidad oculta tras estos megaproyectos es la de un vampirismo energético e hídrico. No podemos permitir que el agua de las andaluzas y andaluces, o la capacidad de nuestra red eléctrica, se destinen a alimentar servidores tecnológicos privados mientras se pide moderación o se restringe el consumo a los hogares y al sector primario sostenible», ha señalado Salustiano Luque, coportavoz del Partido Verde.
Tres exigencias para proteger los recursos públicos
El Partido Verde defiende la innovación tecnológica, pero considera que debe desarrollarse bajo criterios estrictos de sostenibilidad, soberanía pública y decrecimiento del consumo superfluo. Por ello, reclama a la
Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Málaga medidas que garanticen la transparencia, la protección de los recursos públicos y una planificación energética justa.
En primer lugar, exige transparencia y acceso a la información, con la publicación íntegra de los informes de impacto ambiental y de las previsiones reales de consumo de agua y electricidad de la infraestructura proyectada.
En segundo lugar, pide blindar el abastecimiento de agua a la población y a los sectores productivos locales tradicionales frente a las elevadas demandas de la industria tecnológica.
Por último, reclama una planificación energética justa que frene la implantación desordenada de macroproyectos. Según advierte la formación, estas infraestructuras pueden aumentar la presión sobre la red eléctrica pública y desviar recursos renovables que deberían contribuir a la descarbonización justa de los hogares y de las pequeñas y medianas empresas.
Una transición digital verde y justa
La formación ecologista cuestiona un modelo de desarrollo tecnológico que, a su juicio, puede comprometer los recursos naturales de Andalucía. Frente a esta perspectiva, defiende una transición digital que tenga en cuenta los límites ambientales, la soberanía energética y las necesidades de la ciudadanía.
«La verdadera modernidad no consiste en colgarse medallas de capital tecnológica a costa de agotar los recursos naturales de nuestra tierra. Apostamos por una transición digital verde y justa, donde la economía esté al servicio de las personas y del planeta, y no al revés», concluye Ana María Carnero, coportavoz provincial del Partido Verde.







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