Redacción
Málaga se ha sumado este domingo a la movilización estatal convocada para reclamar el cumplimiento efectivo de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales en la gestión de las colonias felinas. La protesta, promovida por el colectivo de gestoras de colonias felinas, ha tenido lugar a las 12:00 horas en la Plaza de la Constitución, desde donde partió una manifestación que regresó al mismo punto.
La convocatoria malagueña se ha desarrollado bajo el lema «Los gatos tienen ley», una iniciativa ciudadana que ha llevado las reivindicaciones de las personas que gestionan colonias felinas a las calles de 38 ciudades españolas. El objetivo común es reclamar a las administraciones locales que asuman las responsabilidades que establece la legislación y que doten de medios suficientes los programas destinados a controlar y proteger las poblaciones de gatos comunitarios.
Las organizaciones convocantes consideran que tres años después de la aprobación de la Ley 7/2023 persisten importantes diferencias entre municipios y que en muchos lugares la gestión continúa dependiendo en gran medida del trabajo voluntario de particulares y asociaciones.
La plataforma Los Gatos Tienen Ley reclama que todos los ayuntamientos dispongan de programas estables de gestión de colonias, censos actualizados, recursos económicos suficientes y protocolos veterinarios. Entre sus principales reivindicaciones figuran también la atención sanitaria, la alimentación, el control de las colonias y la protección de las personas que realizan estas tareas.
La propia legislación establece que la gestión de los gatos comunitarios corresponde a las administraciones locales. La Ley 7/2023 contempla programas municipales que deben incluir, entre otras actuaciones, el control poblacional mediante el método CER —captura, esterilización y retorno—, además de alimentación, cobijo, supervisión, atención sanitaria, limpieza e identificación de las colonias.
Uno de los principales puntos de la protesta es precisamente la aplicación efectiva y continuada del método CER. Los colectivos defensores de las colonias felinas consideran que la esterilización y el retorno de los animales a su entorno permiten controlar de manera ética las poblaciones y evitar nuevos nacimientos.
La plataforma denuncia que todavía existen municipios sin programas adecuados, sin censos completos o con presupuestos insuficientes. En su manifiesto reclama que las administraciones dejen de trasladar sobre las personas voluntarias una responsabilidad que la ley atribuye a los ayuntamientos.
La protesta de Málaga forma parte de una movilización coordinada que este domingo ha llevado la reivindicación a 38 ciudades españolas. La convocatoria reclama que la aplicación de la legislación no dependa de la voluntad política de cada municipio y que exista una gestión homogénea y efectiva de las colonias.
En Andalucía también se han producido distintas movilizaciones. La formación Podemos ha respaldado las siete convocatorias previstas en la comunidad y las 38 organizadas en el conjunto del país, reclamando una aplicación efectiva de la normativa de bienestar animal.
Uno de los mensajes centrales de la movilización es el reconocimiento del trabajo realizado por miles de personas que cuidan diariamente de las colonias felinas. Alimentación, vigilancia, captura de animales para su esterilización, atención ante enfermedades y seguimiento de las colonias forman parte de unas tareas que, según los colectivos, se realizan con frecuencia sin suficientes recursos públicos.
La plataforma considera que esta situación no puede mantenerse y reclama que las administraciones proporcionen financiación, medios veterinarios y protocolos claros, además de reconocer a las personas gestoras y facilitar su labor.
La protesta de Málaga pone así sobre la mesa un debate que va más allá del bienestar animal: el cumplimiento efectivo de una ley ya aprobada y la responsabilidad de las administraciones públicas en su aplicación. Los colectivos convocantes insisten en que no reclaman una nueva legislación, sino que los ayuntamientos cumplan las obligaciones que ya establece la normativa.
