
La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha reclamado al equipo de Gobierno del Partido Popular que no recurra la sentencia del TSJA que anula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y que modifique de inmediato la ordenanza municipal, aplicando criterios de justicia social y planificación real. Morillas ha calificado la implantación de la ZBE como una “chapuza” que “castiga a las familias trabajadoras” y se ha aplicado “sin aparcamientos disuasorios ni una red de transporte público eficaz”.
Una ordenanza “improvisada y desigual”
La edil ha recordado que su grupo “lo advirtió desde el principio”:
“Este planteamiento era una chapuza y cargaba las tintas sobre las familias trabajadoras, sobre todas esas personas que han tenido que marcharse de Málaga pero que deben desplazarse cada día para trabajar en la ciudad”.
Morillas ha denunciado que la ZBE puesta en marcha por el PP “no respondía a criterios de equidad social” y se aplicó “sin planificación ni medidas previas de movilidad sostenible”. Entre las carencias señaladas, destaca la ausencia de aparcamientos disuasorios, la falta de una red de transporte público eficaz y la inexistencia de alternativas reales al vehículo privado.


Suspensión del régimen sancionador
La portavoz de Con Málaga ha instado al Ayuntamiento a suspender el régimen sancionador de la ordenanza, al considerar que podría estar generando inseguridad jurídica y exponiendo al consistorio a reclamaciones y demandas de personas sancionadas durante su aplicación.
“No puede aplicarse un régimen sancionador sin que existan medidas de movilidad sostenible que permitan alternativas reales al vehículo privado”, ha subrayado.
Reforma urgente y con participación ciudadana
Morillas ha defendido la necesidad de bajar las emisiones contaminantes y adoptar medidas valientes para reducir el uso del coche, pero ha insistido en que deben hacerse “de manera planificada, justa y participada”. Ha cuestionado que el Ayuntamiento no haya planteado restricciones específicas a los vehículos de alta gama y alta cilindrada, “los más contaminantes”, mientras “se penaliza a los coches de menor coste, usados por trabajadores y trabajadoras”.
También ha criticado la inclusión del campus universitario de El Ejido dentro de la ZBE, que ha generado “un grave perjuicio a estudiantes, profesores y personal de la Universidad”.
“No puede ser una medida recaudatoria”
Morillas ha exigido una modificación urgente de la ordenanza, con diálogo y participación ciudadana, para que cumpla su propósito real: mitigar los efectos del cambio climático y no convertirse en una medida “de mero afán recaudatorio”.
Por último, ha reclamado al Ayuntamiento que acelere la puesta en marcha de aparcamientos disuasorios, una red de transporte público eficiente y caminos peatonales seguros, y que mientras tanto no se apliquen sanciones ni políticas restrictivas que “siguen cargando sobre las familias trabajadoras el peso de una normativa mal diseñada”.






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