El conflicto laboral en el CME deriva en huelga indefinida

El Centro Municipal de Emergencias (CME) de Málaga llega hoy a un punto de inflexión. A las 15:00 horas, su plantilla inicia una huelga indefinida que no surge de un arrebato, sino de un proceso largo, tenso y lleno de desencuentros con el Ayuntamiento y con la empresa adjudicataria del servicio, EULEN. Lo que hoy estalla públicamente lleva años gestándose en silencio: precariedad, falta de reconocimiento, externalización y ausencia de diálogo real.

Un conflicto que se agrava: del SERCLA al despacho del alcalde

El pasado lunes estaba prevista una reunión clave en el SERCLA, el organismo de mediación laboral. La plantilla acudió. El Ayuntamiento, no. Ese gesto —o ausencia de él— fue interpretado por los trabajadores como una señal inequívoca: no hay voluntad de resolver el conflicto.

Al día siguiente, mientras los trabajadores se manifestaban ante la Casona del Parque, una delegación fue recibida por el alcalde, Francisco de la Torre. Allí, los representantes sindicales expusieron lo que llevan años denunciando:

• salarios muy por debajo de otros servicios de emergencias,

• falta de estabilidad,

• rotación constante,

• intrusismo laboral,

• y un modelo externalizado que prioriza el ahorro sobre la calidad del servicio.

El alcalde se comprometió a sacar a licitación un nuevo contrato en octubre, pero para los trabajadores ese compromiso ya no basta. “Necesitamos hechos, no palabras”, trasladó CGT. El Ayuntamiento prometió enviar una propuesta de mejora esa misma tarde. Nunca llegó.

Un servicio esencial que se apaga: 080 y 092 fuera de servicio

La huelga implica que los teléfonos 080 y 092, referentes de emergencias municipales, quedarán fuera de servicio. Será el 112 Andalucía quien absorba todas las llamadas, justo en una jornada especialmente sensible: la vuelta de la eliminatoria del Málaga CF por el ascenso, un evento que multiplica la actividad en la ciudad.

Para muchos ciudadanos, esta será la primera vez que tomen conciencia de algo que la plantilla lleva años advirtiendo: el CME es un servicio esencial, pero tratado como si no lo fuera.

La raíz del problema: un modelo que precariza y deshumaniza

Los trabajadores del CME no solo denuncian condiciones laborales deficientes. Denuncian un modelo. Un modelo que externaliza un servicio crítico a una empresa privada cuyo objetivo —afirman— es maximizar beneficios, incluso a costa de la calidad del servicio y del bienestar de la plantilla.

CGT señala directamente a EULEN, empresa vinculada a la familia de un dirigente político nacional, y la acusa de “esperar la prórroga del contrato para seguir haciendo caja”. Según los sindicatos, el CME funciona bajo un esquema propio del telemarketing, impropio de un servicio que gestiona emergencias reales, con vidas en juego.

La ciudadanía, la gran afectada

Más allá del conflicto laboral, la huelga pone sobre la mesa una cuestión de fondo: ¿qué valor damos como ciudad a quienes atienden nuestras emergencias?

Los trabajadores del CME son quienes responden cuando alguien llama desesperado, cuando ocurre un incendio, un accidente, una agresión o una situación crítica. Sin embargo, su realidad laboral —salarios bajos, alta rotación, falta de formación continua, presión constante— contrasta con la responsabilidad que asumen cada día.

La huelga busca precisamente eso: sensibilizar a Málaga. Recordar que detrás de cada llamada hay profesionales que merecen condiciones dignas y un servicio que esté a la altura de lo que la ciudadanía necesita.

Un punto de no retorno

Los sindicatos lo tienen claro: solo un documento firme, detallado y vinculante podría frenar la huelga. No valen promesas, no valen intenciones, no valen compromisos verbales.

La plantilla siente que este es el momento de dignificar su profesión, de frenar el deterioro del servicio y de exigir que las emergencias municipales dejen de ser un negocio y vuelvan a ser un servicio público de calidad.

Mientras tanto, Málaga entra hoy en un escenario inédito: un servicio esencial en huelga indefinida, una plantilla decidida a resistir y un Ayuntamiento que deberá decidir si continúa mirando hacia otro lado o si, por fin, se sienta a resolver el conflicto.

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